Fue asesinado campesino beneficiario de sustitución de cultivos en Córdoba

La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor) denunció el asesinato del campesino Manuel Gregorio González en el corregimiento El Palmar, municipio de Montelíbano (Córdoba).

González era miembro de Ascsucor y beneficiario del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Fue visto por última vez la tarde del miércoles 26 de junio cuando salió del pueblo y se dirigía a su vivienda en la vereda Unidas. En el camino, según los habitantes del pueblo, el hombre fue interceptado por hombres que se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes se lo llevaron a la fuerza.

La comunidad alertó sobre el hecho cuando la burra en la que se transportaba González regresó al pueblo sin él. De inmediato, empezaron la búsqueda del hombre y lo único que encontraron fue su sombrero y machete.

De acuerdo con otro líder – quien tampoco reveló su identidad – González no tenía problemas con nadie del sector. En la actualidad trabajaba en la finca de otro hombre. “Después de que se metió al programa él erradicó los cultivos que tenía y luego se puso a sembrar en otro lado y así era como se mantenía”, agregó.

En octubre de 2017 cerca de 912 familias de Montelíbano ingresaron al programa del PNIS. De estas, 36 están ubicadas en la vereda Unidas. El proceso de erradicación en esta zona no fue fácil al principio. Campesinos aseguran que las AGC les impedían trabajar, pero después de un tiempo dejaron de hacerlo.

A finales de abril pasado, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria y el PNIS entregaron cerca de 13.861 árboles de guayaba, 7.515 kilogramos de arroz criollo y 5.010 kilogramos de maíz amarillo a las familias beneficiadas del programa para adelantar el proceso. De hecho, González alcanzó a ser un beneficiario del programa.

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo, en su alerta temprana 083-18, manifestó los riesgos a los que estaban expuestos los campesinos de Montelíbano, específicamente los de los corregimientos de Tierradentro, Puerto Ánchica, El Palmar y Puerto Nuevo, debido a la presencia de las AGC que se enfrentan a estructuras compuestas por exmiembros de las Farc, que se hacen llamar “Nuevo frente 18 – Román Ruíz – Cacique Coyará FARC-EP”.

“Este contexto de creciente hostilidad entre los grupos armados ilegales tiende a agravar los riesgos para líderes sociales, étnicos, comunitarios, de Juntas de Acción Comunal y defensores de derechos humanos que intentan administrar justicia, reivindicar derechos y contribuir a la implementación de los puntos 1 y 4 del Acuerdo de paz”, dice la alerta.

Este es un territorio apetecido por los grupos armados debido a su proximidad con las cuencas de los ríos Esmeralda y Tigre en Tierralta, y San Jorge en Puerto Libertador, sectores que comunican al país con el Bajo Cauca Antioqueño y el sur del Bolívar.

“La nueva confrontación violenta entre los grupos armados ilegales en el territorio, han propiciado el incremento y reaparición de acciones, mecanismos y dispositivos de guerra, entre ellos el reclutamiento forzado, la ubicación de contingentes con armas largas, uso de uniformes camuflados o vestimenta oscura (en ocasiones con el rostro cubierto)”, agrega la Defensoría en la alerta.

En este entonces la entidad recomendó a las autoridades prestar especial atención a la zona, sin embargo, seis meses después las acciones por parte de estas han sido pocas.

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