Exgobernador Ronald Housni pagará 15 años de cárcel por corrupción en San Andrés

Ronald Housni, exgobernador del archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, fue uno de los cerebros de un grupo de funcionarios y contratistas que se concertaron para desviar el dinero de la gobernación para su propio beneficio. Esta es una de las conclusiones a la que llegó la Corte Suprema de Justicia y que incluyó en la sentencia condenatoria en contra de Housni. El exgobernador deberá pagar 15 años de cárcel por haber participado de esta red en la que, a cambio del 10% de los negocios, firmó por lo menos seis contratos a dedo para beneficiar a los empresarios y a él mismo.

La decisión del alto tribunal se da luego de que la Fiscalía y el exfuncionario firmaran un prinicipio de oportunidad en el que Housni aceptó haber participado de esta red. El ente investigador le imputó los delitos de concierto para delinquir, falsificación en documentos privados, peculado e incumplimiento de contratos. Según los investigadores, “los contratistas entregaban el valor pactado a los intermediarios, quienes serían los encargados de repartir las coimas a los mandatarios y algunos funcionarios, que, presuntamente, manipularon las licitaciones públicas y descartaron a otros oferentes con el pretexto de que no cumplían los requisitos de ley”.

En el fallo que condena a Housni se narra cómo tres contratistas (Hernán Moreno, Fernando León y Mauricio Botero) habrían acordado aportar 1.200 millones a la campaña del entonces candidato Housni a la gobernación. La Fiscalía señaló en su momento que este aporte de dinero se dio con el fin de que los tres constructores siguieran teniendo contratos con el  departamento. Fue así como los pliegos de contratación en San Andrés fueron ajustados para que las empresas de Moreno León y Botero quedaran con las obras. Por esta maniobra, los entonces gobernadores Aury Guerrero Bowie y Ronald Housni Jaller habrían recibido el 10% de la contratación que, según los elementos probatorios, superó los $120.000 millones.

Esta alianza de políticos regionales y empresarios, que logró defraudar el erario departamental, habría tenido su origen en las elecciones regionales anteriores, es decir, las de octubre de 2011. Según la investigación, ese año, Socorro Guerrero, cuando era candidata a la gobernación, y Jack Housni Jaller, representante a la Cámara y hermano del suspendido gobernador Ronald Housni, recibieron de manos de Moreno, cabeza de la empresa Furel S.A, $400 millones para que los destinaran a los gastos de campaña. A cambio, Guerrero Bowie tendría que entregarle jugosos contratos cuando llegara al máximo cargo del departamento insular.

Para que todo pareciera legal, la entonces gobernadora designó a César Augusto James Bryan, su secretario de gobierno, para que ajustara los pliegos de las licitaciones y concursos a la medida de Moreno y empresas socias de este. De esa forma, todos los contratos que implicaran millonarias sumas eran entregados a Furel S.A y otros empresarios relacionados con el complejo entramado de coimas. en julio pasado, Guerrero Bowie se declaró culpable de los cargos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de los contratos y cohecho propio.

Volviendo a la reciente condena contra Housni, la Corte Suprema señaló que, como parte del pacto ilegal entre los contratistas y el entonces recién posesionado gobernador, se suscribieron seis adiciones a contratos de construcción, entre ellos los de cuatro colegios. “Las adiciones a los contratos fueron autorizadas en cumplimiento del acuerdo que venía de la gobernación anterior, por lo que puede afirmarse que las mismas estuvieron determinadas por un interés particular a favor propio y de terceros, distinto al bien común que busca la contratación pública”, señaló la Corte Suprema en la sentencia de 80 páginas.

La alta Corte también evidenció que a finales del primer semestre de 2016, el empresario Fernándo León Díez le propuso al gobernador Housni Jaller, por intermedio de César Augusto James Bryan, su secretario de gobierno, una forma de contratación que “permitiera agilizar más los procesos y la ejecución de las obras”, mediante la celebración de convenios interadministrativos que se harían con la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (Edua), con la que Cardona ya tenía experiencia de contratación. En uno de estos contratos entre la Gobernación y la Edua, de agosto de 2016, la Fiscalía encontró irregularidades en cómo se planeo la adjudicación.

El ente investigador encontró que la estructuración de esa licitación, que estaba destinado para la construcción del parque Barrack, fue elaborada por una empleada de León Díez con base a “información privilegiada”. El gerente del Edua, dice el alto tribunal, entregó el proyecto de licitación a la funcionaria del constructor para que realizara los ajustes necesarios y que tuvieran como fin que la firma Furel se quedara con esta obra.

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