Politica

Estado colombiano no cumple con acuerdo de paz de las FARC: mediador

 

Un mediador clave en las conversaciones de paz exitosas con las guerrillas de las FARC en Colombia dijo que el estado no está cumpliendo con el acuerdo de paz que busca terminar con más de medio siglo de conflicto armado.

 

El crítico es el empresario Henry Acosta, quien fue el primero en mediar las negociaciones entre la entonces guerrilla y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

 

La afirmación del mediador de que el Estado no está cumpliendo va directamente en contra de las reclamaciones del embajador de Estados Unidos que el fin de semana acusó al grupo marxista de las FARC de no cumplir.

 

De acuerdo con Acosta, el gobierno se niega a permitir la reincorporación colectiva de ex combatientes, aumentando efectivamente las posibilidades de que los miembros de las FARC sean reclutados por otros grupos armados ilegales.

 

La preocupación de Acosta fue confirmada por el sitio web político La Silla Vacia, que dijo que la ausencia de programas de reincorporación colectiva está estimulando a ex guerrilleros desmovilizados a abandonar el proceso de paz.

 

Además, el gobierno no ha implementado medidas de seguridad en las antiguas áreas de conflicto, lo que ha provocado un aumento de la violencia dirigida a las comunidades rurales ya sus líderes, dijo Acosta en una carta.

 

Las Naciones Unidas ya habían manifestado su preocupación por un aparente aumento de los asesinatos de dirigentes sociales.

 

El ex mediador también cuestionó el compromiso del gobierno con la justicia para los 8 millones de víctimas del conflicto armado, alegando que la Fiscalía General se había convertido en la punta de lanza en los ataques al acuerdo de paz firmado en noviembre del año pasado.

 

Los debates sobre la participación política de las FARC y los representantes especiales para las áreas de largo tiempo consumidas por la violencia, respectivamente por el Tribunal Constitucional y el Congreso, amenazan con convertirse en otro incumplimiento por parte del Estado, dijo Acosta.

 

El periódico El Espectador informó el martes que el proyecto de ley sobre la mejora de la representación parlamentaria en las regiones tradicionalmente olvidadas fue alterado misteriosamente tras la aprobación por el congreso para permitir la participación de actores ilegales que se desmovilizaron hace más de 10 años, por ejemplo ex comandantes paramilitares.

 

El estado colombiano, las FARC y las Naciones Unidas, que supervisan el proceso, acordaron en mayo un número de acuerdos adicionales para asegurar el cumplimiento de todas las partes del acuerdo de paz.

 

El gobierno de Santos había sido objeto de fuertes críticas después de haber fracasado inicialmente en preparar los campos en los que los primeros podrían desmovilizarse y posteriormente no proporcionar los contenedores en los que los guerrilleros desmovilizados pudieran almacenar armas entregadas.

 

Los miembros de las FARC, en última instancia, participaron en la construcción de sus propios campos de desmovilización, mientras que la ONU debía intervenir para asegurarse de que se proporcionaran los contenedores para las armas de las FARC.

 

Las consecuencias de un incumplimiento estatal de cumplir con el acuerdo de paz son casi imposibles de exagerar.

 

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