El Senado de Colombia redujo las capacidades de un tribunal de crímenes de guerra
El Senado de Colombia redujo las capacidades de un tribunal de crímenes de guerra que busca justicia para millones de víctimas del conflicto armado con las FARC.
Las limitaciones impuestas al sistema de justicia transicional podrían dejar abierta la puerta para que la Corte Penal Internacional intervenga y comience a enjuiciar a supuestos criminales de guerra, advirtió a sus colegas el proponente original del proyecto de ley de reglamentación, el senador Roy Barreras.
Particularmente polémico fue el retraso de 18 meses en la investigación de los miembros de las fuerzas de seguridad para crear una cámara separada para los miembros del ejército.
La prohibición fue solicitada por el partido Centro Democrático (CD) del presidente electo Ivan Duque. La mayoría de los crímenes de guerra cometidos por el estado se cometieron cuando el ex presidente Álvaro Uribe, el patrón político del nuevo jefe de Estado, encabezó el país entre 2002 y 2010.
En su forma original, el tribunal juzgaría a unos 7.000 guerrilleros de las FARC, 24.000 funcionarios estatales armados y no armados y 12.000 civiles sospechosos de crímenes de guerra.
El Tribunal Constitucional protegió a civiles y actores estatales no armados de la cooperación obligatoria con el sistema de justicia transicional, dejando a las guerrillas y unos 2.100 miembros de las fuerzas armadas.
