Duque devolvió artículo que habilitaba recursos de universidades para pagar fallos contra el Estado

 

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, objetó por inconveniencia el jueves el artículo 44 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que señala que las universidades estatales deberán pagar las sentencias o fallos proferidos contra la Nación con los recursos que le hayan sido asignados a esta.

Ese artículo, aprobado por el Congreso el pasado 16 de octubre, fue uno de los más polémicos del debate y obligó al que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunciara que el Gobierno Nacional buscaría una forma de corregirlo.

De acuerdo con el documento con las objeciones que el presidente Duque envió a los presidentes de Senado y Cámara, el artículo 44 del PND es inconveniente “toda vez que su redacción resulta imprecisa. Esto ha dificultado el correcto entendimiento de la intención del legislador”.

Para Duque y parte de su gabinete, el artículo quiere decir que las universidades públicas, al igual que todas las entidades estatales, están “encargadas de atender los fallos o sentencias proferidos en su contra”.

Sin embargo, admite que también tiene otra interpretación que es la que ha generado malestar tanto en los movimientos estudiantiles como en varios congresistas. “Otra interpretación sugiere que la norma en cuestión determina que los recursos asignados al funcionamiento e inversión de las universidades estatales sean destinados para el pago de sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación”.

“En este contexto, el Gobierno nacional manifiesta que esta segunda interpretación no consulta el espíritu de la norma, ni la intención que tuvo el Gobierno nacional para incluirla en el Proyecto de Ley sometido a consideración del Congreso de la República”, manifiesta el Gobierno Nacional.

En ese sentido, y si bien ese artículo ha sido incluido de forma idéntica en los PND desde el 2000, el presidente Duque consideró necesario “disipar cualquier interpretación inadecuada”.

Y agrega: Ciertamente, una interpretación que sugiera que los recursos del Presupuesto General de la Nación puedan ser destinados al pago de sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación no solamente resulta contraria a los compromisos del Gobierno nacional en materia de educación, sino también a los principios de planeación y especialización que rigen la formación del Presupuesto General de la Nación (PGN).

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