Distrito apelará la destitución de secretario de Movilidad

El Distrito apelará la decisión de la Procuraduría General de la Nación de destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos al secretario de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, tras hallarlo responsable de irregularidades en la licitación y adjudicación del contrato para la renovación de semáforos en Bogotá.

Según el ente de control, hubo falta de planeación en la contratación del sistema adjudicado al consorcio Movilidad Futura 2050 (integrado por Sutec y Siemens), cuyo contrato se puso en marcha en septiembre pasado pese a las advertencias realizadas.

En su defensa, el funcionario manifestó que para la administración, la investigación ha demostrado que todo lo hicimos con la adecuada planeación, razón por la que utilizará todos los recursos que la ley para aclarar la situación en segunda instancia.

El alcalde Enrique Peñalosa también se pronunció al respecto, respaldando a Bocarejo, al asegurar que no ha habido ninguna acusación de corrupción contra el funcionario.

“La decisión de la Procuraduría se basa en una apreciación de errores técnicos que respetamos, pero no compartimos” expresó el mandatario.

Bocarejo permanecerá en su cargo hasta que no haya una decisión definitiva por parte de la Procuraduría.

“Mientras tanto, seguiremos actuando con total diligencia, transparencia y con el ánimo de sacar adelante los grandes proyectos que pretenden mejorar la movilidad y la seguridad vial en nuestra ciudad”, dijo el secretario.

Cabe recordar que la sanción cobija también a la directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Movilidad, Carolina Pombo Rivera, y a la subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal Caicedo. Para la Procuraduría, la conducta de los tres funcionarios fue calificada como una falta gravísima cometida a título de dolo.

“Hubo falta de planeación en la etapa precontractual, pues la Secretaría de Movilidad no definió la destinación de 535 controladores semafóricos, compatibles con nuevas tecnologías y avaluados en más de $13.912 millones, que corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil y el paso del tiempo los deteriore hasta el punto de perder todo su valor”, indicó el ente de control.

En su determinación de primera instancia, la Procuraduría señaló además que la entidad inició el proceso de licitación y lo llevó hasta la adjudicación sin tener diseñado el sistema de comunicaciones para los semáforos, un soporte fundamental para su funcionamiento, “lo que demuestra que existía una clara posibilidad de que se iniciara su ejecución sin contar con ese apoyo tecnológico”.

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