Corte Suprema de Justicia de Colombia pidió a uno de sus jueces por extorsión
El Tribunal Supremo de Colombia pidió el martes a uno de sus jueces que dimitiera después de que él y su hija se acusaran de extorsión.
El juez de la Corte Suprema, Gustavo Malo, es el tercer miembro de la alta corte que es investigado formalmente por el Congreso por supuestamente formar una red de corrupción que alteró las sentencias judiciales por dinero.
Dos testigos más han sido mencionados por testigos de hacer parte de esta red de corrupción de alto nivel.
La Fiscalía anunció el martes que iniciará una investigación criminal sobre la hija de Malo, Yara Milena, quien ha sido acusada de exigir el 20% del salario de un fiscal después de ayudar al funcionario a conseguir el trabajo.
Las presuntas prácticas de corrupción de la familia Malo impulsaron a la corte a pedir a la justicia que dimitiera, pero se quedó esperando una respuesta después de que Malo regresara a casa alegando que su esposa había caído enferma.
La petición de la Corte Suprema es una novedad en Colombia, habiendo sido precedida sólo por un escándalo de corrupción en el Tribunal Constitucional que pidió a uno de sus jueces renunciar en medio de demandas similares de soborno en 2015.
Malo era el juez que había gobernado favorablemente en el caso del senador Musa Besaile, quien admitió haber pagado al jefe anticorrupción encarcelado Gustavo Moreno para impedir su detención.
Las grabaciones de audio proporcionadas por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, provocaron la mayor crisis judicial de la historia reciente.
Los medios de comunicación locales han informado de que cinco jueces de la Corte Suprema, varios funcionarios de la fiscalía y múltiples congresistas habían participado en prácticas de corrupción.
El periódico El Tiempo informó a principios de esta semana que también los líderes desmovilizados o la organización paramilitar AUC podrían haber recibido beneficios mediante sobornos a la Corte Suprema y al sistema de justicia transicional puesto en marcha después de su desarme entre 2003 y 2006.
La implicación de los miembros del Congreso colombiano y de la Corte Suprema pone al sistema judicial del país en una situación sin precedentes, ya que ningún órgano gubernamental parece adecuado para juzgar adecuadamente a los sospechosos.
Según la Constitución de Colombia de 1991, se supone que la Corte Suprema investigará a los congresistas mientras que el Comité de Acusaciones del Congreso debe investigar a miembros de los tribunales superiores y altos funcionarios judiciales.
Sin embargo, como ambos ramos de gobierno parecían haber conspirado, estas investigaciones carecerían de credibilidad debido a los evidentes conflictos de intereses.
