Politica

Colombia considera ley para permitir la desmovilización de grupos armados ilegales


El ministro de Justicia ha redactado un proyecto de ley que regulará la desmovilización de grupos armados ilegales como el Gaitanista Autodefensas de Colombia (AGC), a.k.a. “Clan del Golfo”.


El AGC anunció su deseo de rendirse a principios de este mes, dejando claro que el gobierno todavía tiene que proponer proyectos de ley que podrían evitar la repetición de la desmovilización fracasada del grupo sucesor de la AUC ERPAC en 2011.


Cuando este grupo armado ilegal se desmovilizó, muchos presuntos miembros desistieron y formaron dos grupos que desde entonces han tomado el control de la actividad del narcotráfico en el este de Colombia.


El proyecto de ley que actualmente está siendo considerado por el ministro de Justicia, Enrique Gil, el ministro de postconflicto Oscar Naranjo y el fiscal general Néstor Humberto Martínez, busca incluir elementos que, por ejemplo, desautorizarían a los nuevos grupos a asumir simplemente las raquetas criminales vacantes.


El gobierno ha dado prioridad a la formulación de la legislación, ya que podría incluirse en la legislación relacionada con un proceso de paz con las FARC y asegurar rápidos progresos para desmantelar lo que ahora es el grupo armado más grande del país y traficante de drogas primario.


Según el periódico El Colombiano, a quien se le había entregado una copia del proyecto, el proyecto de ley sería aplicable a grupos armados “con una estructura definida y unidad de mando, cuyo objetivo sea la búsqueda de beneficios a través del ejercicio permanente de la actividad criminal y el control ingresos ilícitos dentro de un territorio específico “.


Esta formulación se aplicaría a los grupos que son una organización delictiva, como un cartel de drogas, o un grupo que está dispuesto a renunciar a sus objetivos políticos reivindicados, como el AGC.


El proyecto de ley permitiría a la Fiscalía General de la Nación negociar detalles sobre la desmovilización segura de los grupos, la entrega de inteligencia y evitar la aparición de nuevos grupos financiados por las raquetas abandonadas por el grupo desmovilizado.


Otros funcionarios del gobierno también se les permitiría abrir conversaciones sin ser acusados ​​de conspiración.


Además, permitiría al grupo ya las autoridades “utilizar los activos ilícitos para buscar la reparación integral de las víctimas, aliviando efectivamente a los miembros individuales de esta carga judicial.


Mientras que a los miembros de grupos armados ilegales no se les permitiría colectivamente sentencias más cortas, los miembros individuales podrían usar la desmovilización colectiva para negociar una sentencia menor con el fiscal en su caso.


Además, se permitiría a los miembros una atención especial en prisión para facilitar su efectiva rehabilitación.


Estos beneficios respaldarían la política del gobierno que prohíbe a los sucesores de la guerrilla o del grupo paramilitar reclamar el propósito político de sus predecesores.


Sin embargo, los beneficios permitirían a un grupo dejar una vida en el crimen con posibilidades razonables de reintegración.


En el caso de la AGC, el ministro de post-conflicto y el fiscal general ahora es probable que busquen contacto con el grupo para convencerlos de que acepten las condiciones establecidas por el ministro de justicia.


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