Aproximadamente el 66% del oro que se extrae en Colombia es ilegal
Aproximadamente el 66% del oro que se extrae en Colombia, uno de los principales productores de oro de América Latina, ha sido extraído ilegalmente, según las Naciones Unidas.
Un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) dijo que 84,000 hectáreas se vieron afectadas por las prácticas mineras ilegales e informales. Esto es un 6% más que las 79,000 hectáreas medidas en 2014.
El estudio advierte que la minería de oro ilegal continúa floreciendo en los Parques Naturales Nacionales, las Reservas Indígenas y las Tierras Comunitarias Negras, donde esta práctica está estrictamente prohibida.
Según el estudio, el 47% de la minería de oro ilegal detectada se encontraba en estas tierras protegidas.
Las operaciones mineras ilegales generan aproximadamente $ 2.4 mil millones al año, lo que según las agencias de inteligencia es tres veces más que la industria de la cocaína, según el diario estadounidense El Nuevo Herald.
“Hoy, la minería criminal transfiere más recursos a las pandillas ilegales, a los grupos guerrilleros, a las mafias que al narcotráfico en sí”, advirtió el presidente Juan Manuel Santos en 2015.
La Agencia Nacional de Minería de Colombia informó producción legal de 61.805 kg de oro en 2016, pero el estudio dice que esta cifra está subestimada debido a que la extracción ilegal de oro es desenfrenada.
El estudio dice que detectó la extracción ilegal de oro en 14 de las 32 provincias del país.
Las provincias con la minería de oro ilegal más concentrada se encontraban en el occidente de Colombia, en Antioquia (37%) y Chocó (39%).
A pesar de la extracción de oro ilegal ligeramente más alta del Chocó, Antioquia extrajo el oro más legal del país en 2016 (41%) en comparación con Choco (23.5%).
Los mineros en Chocó, Cauca y Guainia entrevistados en el estudio dijeron que la mayor parte de su oro está destinado a Medellín, el principal centro de exportaciones de oro del país.
La evidencia del estudio se utilizará “para focalizar y priorizar las políticas públicas, ya que proporciona un marco de investigación para aclarar las relaciones de esta forma de explotación ilegal con otras actividades ilegales y delictivas”.
