Politica

Andrés Felipe Arias no ejercerá cargos públicos hasta 2027

Andrés Felipe Arias solo podrá volver a la arena política, al menos como funcionario público, en 2027. Así lo ha dicho el Consejo de Estado, que dejó en firme la sanción de la Procuraduría contra el exministro de Agricultura. En 2011, el Ministerio Público destituyó e inhabilitó a Arias para ejercer cargos públicos por los “hechos irregulares presentados en el programa de Agro Ingreso Seguro (AIS)”. El Consejo de Estado era la última esperanza para reversar esa sanción, pero el alto tribunal consideró que es justa, proporcionada y no la modificó.

El exministro interpuso una acción de nulidad y restablecimiento para que la sanción emitida por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez quedara sin efecto, ya que consideraba que sus descargos y alegatos finales fueron ignorados y “se interpretaron erróneamente y con la visión que el actor (Arias) era culpable” Así mismo, incluyó en sus requerimiento que se le indemnizara por perjuicios materiales con $50.000.000 y por perjuicios morales con 600 salarios mínimos vigentes, es decir $532.040.000. Esta pretensión económica también fue rechazada.

A pesar de los argumentos del exfuncionario del gobierno Uribe, el Consejo de Estado dejó en firme la decisión tomada por el Ministerio Público hace poco más de 7 años. “El comportamiento del ministro se encuadró en las faltas disciplinarias gravísimas y grave, reprochadas por el desconocimiento del ordenamiento jurídico lo que conllevó el incumplimiento de los deberes funcionales que le competían como jefe de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural, y con esa actuación dio un mal ejemplo a los ciudadanos y no cumplió con éxito el programa loable para los agricultores de Agro Ingreso Seguro”, falló el alto tribunal.

Dentro de la decisión se resaltó que no existió irregularidades en la sanción disciplinaria de Andrés Felipe Arias ya que se valoró el material probatorio de “forma integral de acuerdo con el ordenamiento jurídico” y solo se responsabilizó “al ministro cuando tuvo la certeza de la comisión de las faltas disciplinaria reprochadas”. De la misma forma, el Consejo de Estado señaló que en ningún momento se le desconoció el principio de inocencia y siempre se le garantizó al exministro  “ejercer sus derechos”, entre los que estaba recurrir el fallo de única instancia proferido por el procurador Alejandro Ordóñez.

En 2011, la Procuraduría encontró responsable al exministro de Agricultura por varias irregularidades dentro del programa de Agro Ingreso Seguro (AIS). En ese entonces, se señaló a Arias por su posible intervención en la celebración de convenios de AIS relacionados con cooperación científica y tecnológica en los que se habría omitido estudios técnicos, financieros y jurídicos. Así mismo se cuestionó al exministro por desconocimientos de principios de transparencia, por irregularidades en las modalidades de contratación, y por posibles sobrecostos en la administración y operación de AIS.

Andrés Felipe Arias volvió al país extraditado desde los Estados Unidos hace unos días. Tendrá que responder en Colombia por una condena de 17 años de prisión dictada por la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal encontró culpable al responsable de la cartera de Agricultura entre 2005 y 2009 de los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación de terceros. La condena se dio en el marco del escándalo de Agro Ingreso Seguro, en el que familias de Magdalena fueron beneficiadas por serias irregularidades en el programa que buscaba entregar prestamos con bajo intereses a pequeños agricultores para la instalación de sistemas de riego.

La magistrada María del Rosario González, ponente de la condena, señaló para ese entonces, que los convenios firmados por Arias con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (LICA) y avaluados $280.000 millones, permitían que un terreno fuera fragmentado en varios predios y de manera fraudulenta pudiera recibir más de un subsidio de Agro Ingreso Seguro. La magistrada apuntó que el exministro tenía conocimiento del fraccionamiento de predios que se podía presentar a fin de que un terreno recibiera más de un subsidio de Agro Ingreso Seguro y no se hizo nada para impedirlo.

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